El principio de legalidad y la discrecionalidad administrativa en la administración pública
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El derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que rigen la organización, atribuciones y funciones de las instituciones públicas, cuyas actividades van destinadas a lograr el bienestar social de los ciudadanos.  El derecho administrativo no solo se concentra en la relación jurídica de la Administración Pública con los ciudadanos, sino también incluye las normas reguladoras de los servicios públicos. La Administración Pública es el conjunto de dependencias estatales cuyas actividades están encaminadas a satisfacer necesidades públicas, sin embargo, para evitar arbitrariedades o abusos en la Administración Pública por quienes ostentan el poder, es indispensable que sus actuaciones se desarrollen sobre la base del pr... Ver más
2304-2494
2644-397X
2023-05-31
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Stella María Escala - 2023
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| Sumario: | El derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que rigen la organización, atribuciones y funciones de las instituciones públicas, cuyas actividades van destinadas a lograr el bienestar social de los ciudadanos.  El derecho administrativo no solo se concentra en la relación jurídica de la Administración Pública con los ciudadanos, sino también incluye las normas reguladoras de los servicios públicos.
La Administración Pública es el conjunto de dependencias estatales cuyas actividades están encaminadas a satisfacer necesidades públicas, sin embargo, para evitar arbitrariedades o abusos en la Administración Pública por quienes ostentan el poder, es indispensable que sus actuaciones se desarrollen sobre la base del principio de legalidad como una regla fundamental del Estado de Derecho.
El principio de legalidad garantiza que todas las actuaciones de la Administración Pública queden sometidas al derecho y sean controladas por el Poder Judicial a través de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que ejerce el control de la legalidad en relación con los actos administrativos y debe velar por una tutela judicial efectiva que proteja los derechos de los ciudadanos.
Luego de abordar el principio de legalidad, surge el tema de la discrecionalidad administrativa que se traduce en la razonabilidad que deben ejercer los funcionarios conforme a sus competencias, para resolver situaciones cuyas particularidades no están contempladas en la normativa, y que requieren de una atención inmediata.
Nuestra sociedad evoluciona, pero la normativa no necesariamente va al mismo ritmo, por tanto, la discrecionalidad administrativa es el núcleo de la problemática del derecho administrativo, sin embargo, dicha discrecionalidad en función de la Administración Pública no se limita a la aplicación automática de las leyes, sino a su finalidad esencial que es satisfacer las necesidades públicas.
El poder discrecional aparece como un margen de arbitrio de las instituciones públicas, que representa una oportunidad de dictar un acto administrativo por razones de interés público, lo que está siempre sujeto al control judicial, a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Frente a la discrecionalidad administrativa juega un rol importante la motivación de los actos administrativos, en el que se debe dejar plasmado la competencia conforme a la ley, los antecedentes, objeto y causa de hecho y de derecho, que sustente en la medida de lo posible la justificación racional del acto administrativo en apego a las funciones que tiene la Administración Pública.
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| ISSN: | 2304-2494 |